Foto: Cortes?a
La preocupación por el bolsillo, más que el miedo a la cárcel, ha servido para llamar la atención de los irresponsables que conducen en estado de embriaguez.
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Luego de que el juez 33 Penal Municipal de Bogotá, con función de Control de Garantías decretara detención domiciliaria para Aníbal Enrique Tapia Mesa, por los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre en Bogotá, en los que murió el joven Jhon Anderson Firacative Páez, y nueve personas más resultaron heridas, las voces de rechazo contra la medida tomada por el juez, no han cesado. Tanta ha sido la polémica por la disposición del funcionario judicial, que hasta el ministro de Justicia se pronunció a favor de la decisión.
El ministro Yesid Reyes Alvarado manifestó a los medios de comunicación que la medida está contemplada en el código penal y que “tiene la finalidad puntual de garantizar que una persona va a comparecer a juicio, no va a manipular pruebas y no va a seguir delinquiendo. Si el fiscal en este caso concreto y el juez encargado consideraron que con una detención domiciliaria se cumplen esas tres finalidades, la medida de aseguramiento es la apropiada”.
Tapia Mesa, quien conducía un auto con placas diplomáticas venezolanas, hecho que no está aclarado, no aceptó los cargos de homicidio con dolo eventual y homicidio en la modalidad de tentativa. Según la Fiscalía, “el juez consideró que Tapia Mesa es un peligro para la comunidad, pero al contar con arraigo y no tener antecedentes se hacía merecedor de la detención en su residencia”.
La medida no es definitiva
Jineth Páez, madre de Jhon Anderson, pidió justicia, pues considera que la pena de casa por cárcel que se le otorgó a Tapia Mesa, no es suficiente para quien provocó la muerte de su hijo. El padre de la víctima, Marcos Alfredo Firacative, señaló que “¿si una persona como él no es un peligro para la sociedad entonces a cuántos tendría que haber matado para que sí lo sea?”.
Juan David Posada, experto en Derecho Penitenciario, considera que la sociedad debe entender que si bien el delito cometido por Tapia Mesa es un acto irresponsable, no amerita la prisión, pues esto no soluciona los problemas estructurales de intolerancia de los colombianos. “Abogo para que a un irresponsable que conduce en estado de embriaguez se le retire la licencia de conducción, ese tipo de sanciones que impidan que un ciudadano tenga esas conductas”.
Por su parte, Juan Carlos Álvarez, abogado penalista, coincide con muchos expertos, en que en Colombia se ha abusado de la detención preventiva y eso es lo que tiene las cárceles llenas de personas que todavía no han sido condenadas. “Además del hacinamiento en las cárceles, muchas veces la detención preventiva, si la persona es absuelta, da lugar a que el Estado tenga que pagarle una indemnización por ser privada de la libertad injustamente, es decir, que los ciudadanos, con sus impuestos, terminan pagando por los errores judiciales”.
En el mismo sentido, los expertos coinciden en que muchas veces los jueces se ven presionados por la comunidad, los medios de comunicación y redes sociales a la hora de impartir justicia. “En muchos casos se generan distorsiones en la forma en que se aplica la Ley, es evidente que esa presión social termina influyendo en algunos jueces, pero en su mayoría cumplen con la Constitución”, afirma Álvarez.
Finalmente, cabe recordar que la detención domiciliaria que se aplicó a Tapia Mesa, lo que quiere decir es que apenas está comenzando el proceso, y le acaban de informar que a partir de este momento será investigado penalmente.
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