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Uribe llegó a plantear ayer que como consecuencia de los acuerdos a los que se está llegando en La Habana, los guerrilleros van a llegar a ser alcaldes y gobernadores.
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El candente debate originado por lo que el partido Centro Democrático ha denominado como las “52 capitulaciones del Gobierno Santos ante las Farc”, abrió el espacio para que diferentes sectores políticos se pronuncien sobre los preacuerdos con el grupo guerrillero en La Habana, que habían sido presentados por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Ante el comunicado del partido opositor que dirige el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, tanto el presidente Santos como Humberto de la Calle expresaron su desacuerdo y de manera contundente dijeron que se trataba de falsedades y malas interpretaciones.
A la luz de algunos el primer mandatario mostró una actitud agresiva que “maltrata a la contraparte”. Además, el día de ayer el senador Uribe Vélez dijo que incluso, las objeciones a los acuerdos ya iban en 68, y no quiso pronunciarse sobre la invitación que le hizo, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Santos, ahora con los ánimos más serenos, para conversar sobre el tema en la Casa de Nariño.
Un lugar para la oposición
En medio de una historia que en Colombia se ha caracterizado por la lucha entre dos partidos políticos, por la negativa a darle un lugar para el debate ideológico al opositor, por su invisibilización, la propuesta que hizo Santos a Uribe para que frente a frente dialoguen sobre cómo se está avanzando en el proceso de paz, es para muchos un gesto de cómo deberían asumir todos los colombianos sus diferencias. Esta idea lleva a darle un lugar más activo a la oposición política.
El especialista y abogado Jorge Giraldo considera que esta puede ser una manera de empezar a construir consensos, “no sé si este gesto en particular, pero creo que cada vez se va haciendo más conciencia de la necesidad de que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias, y debe haber un buen nivel de acuerdo social respecto a los términos de la negociación, para determinar qué tan profundas son las divergencias”.
Al respecto, Jaime Jaramillo Panesso, experto en conflicto armado y opinión pública, considera que “una cosa es decir los contrarios o que los que hacen oposición deben dialogar con el presidente, eso es muy normal y lo esperado en una democracia, pero cuando las condiciones no están dadas se vuelve muy difícil dialogar. Hay momentos en que ese tipo de invitaciones resulta burlesco e ilógico. De manera que por ahora es muy difícil sentarse a conversar”.
En el mismo sentido, sobre la invitación de Santos a Uribe, José Obdulio Gaviria sostiene que “esas son frivolidades del Gobierno, porque nosotros hablamos diariamente con sus ministros, el problema es tomar en serio una política que de ninguna manera tenga componentes como los que Santos y sus negociadores han pactado. El problema es muy serio y no es para dirimirse tomando tinto a puerta cerrada”.
En general, los ánimos siguen caldeados entre Gobierno y opositores (Centro Democrático), quienes insisten en que Santos sigue mintiéndole al país. “Si él liderara una política seria con ejercicio pleno de la autoridad y el control de las actividades criminales, nosotros le acompañaríamos con todo el entusiasmo y no necesita darnos tinto”, concluyó Gaviria.
El beneficio de la duda
Un cabo suelto que se deduce de la imposibilidad de poner a conversar a la oposición con el Gobierno lleva a la pregunta fundamental por cómo hará el Ejecutivo para considerar otras alternativas que permitan consolidar los acuerdos de La Habana. Además deja abierta la cuestión de si el referendo previsto para el final de las negociaciones logrará recoger las diferentes visiones de una realidad que no sólo ha tocado al partido del presidente Santos sino a todo el país en pleno, con cada uno de sus representantes y partidos políticos.
Lo que todavía no está muy claro es si al mismo tiempo que el Gobierno ha ido publicando los avances de los diálogos, también está recogiendo los aportes de todos los actores involucrados, “uno tendría que dejar el beneficio de la duda al Gobierno y a los actores que están en la mesa de que realmente se están recogiendo esas opiniones”, afirma Giraldo. Sin embargo, para la opinión pública estos mecanismos todavía no están muy claros.
“Un referendo tiene que tener una cantidad de preguntas puntuales sobre el acuerdo de paz y suponiendo que el acuerdo final esté contenido en cien páginas, no está claro cómo hará el Gobierno para hacer una consulta popular de esta naturaleza en un país como este. Será una sábana de innumerables preguntas y si ponemos todo en un referendo ¿qué pasará con el acuerdo de paz?”, manifestó Jaramillo Panesso.
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