Foto: Giuseppe Restrepo
En Medellín existe una mesa intersectorial, conformada por varias instituciones, para combatir la explotación sexual de NNA.
Mediante operativos en el Centro de Medellín, realizados el fin de semana por la Alcaldía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, catorce adolescentes y una niña víctimas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron incluidas en la ruta de restablecimiento de sus derechos. Asimismo, “se sellaron siete hoteles y dos bares”, según explica el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.
Y es que ante la problemática del delito de explotación sexual comercial de NNA, se inició un diagnóstico que permitiera definir sus características, con el fin de combatirlo. En todo el proceso, se hicieron hallazgos sobre “varios fenómenos que favorecen la explotación sexual infantil: los puntos más críticos son El Poblado y la Comuna 10, la hotelería informal está relacionada, se hace uso de redes sociales para este fin y hay un grupo minoritario de taxistas relacionado con esta problemática”, afirma Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía.
El mayor logro de los operativos fue la recuperación de las menores que estaban siendo explotadas, quienes fueron remitidas a las instituciones pertinentes para la protección de sus derechos y “los procesos que permitan su resocialización completa”, expresa Gaviria.
Este año, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, “mediante el programa Crecer con dignidad, ha atendido más de 200 menores de edad, de los cuales 180 han sido identificados como víctimas de explotación sexual comercial”, anota Juan Carlos Giraldo, vicealcalde de Salud, Inclusión y Familia.
Aunque las autoridades no tienen cifras exactas de la problemática en la ciudad, principalmente por la falta de denuncias, están trabajando para lograr que la sociedad comprenda que los menores de edad no ejercen prostitución sino que son víctimas de explotación sexual. “En la prostitución hay involucrados adultos y es un acto voluntario, el problema radica en que se inducen a los NNA a la explotación sexual, no es voluntario, es un negocio y se está instrumentalizando a los menores de edad”, apunta el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Una de las mayores dificultades que se presentan en los menores de edad que son víctimas de explotación sexual es que son inducidos al consumo de sustancias psicoactivas, hasta causarles adicción, por lo que es más fácil explotarlos, ya que quieren dinero para comprar las drogas.
Según Gaviria, la intención final es cerrar definitivamente los establecimientos que se prestaron para cometer estos delitos, pero por el momento sólo están sellados. Al respecto Suárez afirma que el sello se puso por “las deficiencias en condiciones sanitarias y viene un proceso administrativo con ellos, es muy complejo, pero el fin último es cerrarlos definitivamente”.
Para ayudar a exterminar este delito, las autoridades están adelantando trabajos con los taxistas, de modo que ayuden a denunciar los hechos que conozcan. Asimismo, se están tratando de formalizar los hoteles informales y se está invitando a la ciudadanía a que denuncie al 123 social.
“Esperamos que la sociedad, de manera colectiva, se indigne con esta circunstancia y que nos ayude con la identificación de estos lugares y personas que explotan”, reitera Giraldo.
Con él coincide Gaviria, quien expresa que hay varios puntos identificados, que serán intervenidos, pero que es un trabajo en el cual deben colaborar todas las personas. “Queremos que vaya disminuyendo el número de casos, pero que aumente el número de denuncias”.
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