Foto: Cortes?a
Las declaraciones fueron hechas desde la Casa de Nariño.
El Gobierno Nacional le respondió ayer al Centro Democrático las críticas que hizo en días pasados al proceso de paz. Durante su intervención el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle aseguró que alrededor del proceso se han creado mitos, dudas y falsas ideas, pese a que reconocieron la opinión del Centro Democrático, como una crítica legítima y positiva para el debate público.
Asimismo, expresó que los acuerdos que hasta el momento se han logrado constituyen el primer paso para la construcción de un país nuevo, luego del fin del conflicto. De la Calle respondió una por una las inquietudes del Centro Democrático.
De la Calle aseguró que se creará un fondo de tierras para los campesinos que poseen pocos recursos y que se nutrirá en mayor medida de “tierras en manos de narcotraficantes y corruptos, o de personas que mediante el fraude le han arrebatado terrenos baldíos al Estado”, pero que en ningún caso serán tocadas las tierras de los propietarios legítimos.
Asimismo, aclaró que las normas de expropiación o extinción del dominio no se han modificado en el marco del acuerdo, aunque de ser necesario en “zonas de gran microfundio, se hará mediante el pago de indemnización a valor comercial, incluyendo en esto la expropiación por vía administrativa”.
En vista de la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia, De la Calle manifestó la intención del Gobierno de posibilitar el acceso a la misma por parte de los campesinos, al tiempo que defendió las zonas de reserva campesinas, las cuales están en cabeza de entidades del Estado y se constituyen como “una figura de asociación más que está en la ley y que existe hace veinte años” y que permite fortalecer las comunidades rurales, al igual que la coexistencia de la agroindustria y la economía familiar.
Uno de los puntos que defendió De la Calle es el respeto por la propiedad privada. Explicó que, contrario a lo expresado por el Centro Democrático, el acuerdo busca formalizar los predios que carecen de título, que representan entre el 40 % y el 50 % en Colombia.
De la Calle expresó que no es cierto que la guerrilla no haya reconocido su actividad de narcotráfico, como dice el Centro Democrático. “El acuerdo ente el Gobierno y las Farc reconoce que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto”, por lo cual acordaron esclarecer y erradicar este problema de manera conjunta, pues también deberán participar los paramilitares y políticos asociados al narcotráfico.
Uno de los temas importantes es la erradicación voluntaria de los cultivos de coca, por lo cual el Estado adelantará un proceso que parte de un acuerdo entre las autoridades y las comunidades que “incluye la formalización del compromiso tanto de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos, como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y concertada de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”. La erradicación será manual en la medida de lo posible.
Frente a este punto, De la Calle expresa que, diferente a lo afirmado por el Centro Democrático, “en ninguna parte del acuerdo se dice que la democracia en Colombia sea estrecha, que no sea pluralista o que no existan garantías para la participación y la inclusión política”.
Expresa que tras el fin del conflicto se necesitan espacios en la política para los desmovilizados que dejen las armas y las garantías de participación. Asimismo, se debe promover la participación ciudadana, especialmente en zonas del país que han sufrido en mayor medida las secuelas del conflicto. “La condición necesaria, por supuesto, para la implementación de todo lo anterior es como dice el Acuerdo del punto 2 la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política”, anota De la Calle.
También hace mención de las circunscripciones territoriales, sobre las cuales no existe aún un acuerdo sobre el número y la duración de dichas circunscripciones, las cuales serán destinadas a aquellos lugares más afectados por el conflicto que, según el Gobierno, contradiciendo al Centro Democrático, no son “terroristas”.
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