Nueve años se cumplen en el 2014 de la aplicación de la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, la cual fue creada como mecanismo para “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
Esta ley ha sido dirigida con mayor incidencia a los grupos paramilitares desmovilizados, quienes tendrían beneficios a cambio de contribuir, principalmente contando la verdad de los actos cometidos. Sin embargo, estos no están en la obligación de postularse a dicha ley.
Este año, alrededor de 170 postulados podrían quedar en libertad, luego de que se cumpliera el tiempo establecido de penas alternativas, el cual es de mínimo cinco años y máximo ocho, “tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”.
Este tema ha sido objeto de un análisis presentado por la Corporación Reiniciar, a la Fiscalía y a los ministerios del Interior y de Justicia, durante la instalación de la Mesa Nacional de Garantías de los defensores de derechos humanos, que se realizó esta semana en Bogotá.
De acuerdo con la corporación, este año podrían presentarse 49 solicitudes de libertad de postulados a la ley, mientras que algunos exparamilitares ya han obtenido este beneficio. Para Reiniciar es preocupante que la Fiscalía no haga oposición a estos trámites, en tanto que “infiere que los postulados que han solicitado la medida han contribuido con la verdad, situación que no se corresponde con las cifras aportadas por el ente investigador”, según palabras de Caterina Heyck Puyana, directora de articulación de fiscalías nacionales especializadas, citada en el análisis.
Si ya cumplieron el tiempo de pena alternativa, ¿por qué preocupa que quieran su libertad? Según Camilo Fagua, abogado de la Corporación Reiniciar, aunque la Ley 975 exige a los postulados contribuciones eficaces con la verdad, la justicia y la reparación, estas han sido precarias, “todavía hay vacíos en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada”, como lo explica el informe: “el Sistema de información de la Dirección de Fiscalía de Justicia y Paz, a septiembre de 2014, reporta 38.434 hechos atribuidos a los grupos de Autodefensas campesinas, de esta cifra global, según datos del mismo ente, sólo se han realizado 7.719 diligencias de exhumación y prospección, dando como resultado el hallazgo de 5.591 cuerpos, sumado a esto se han realizado 2.128 diligencias de prospección donde se han encontrado fosas individuales y colectivas, quedando alrededor de 32.843 casos por esclarecer”.
Al respecto, la fiscal Marta Mejía, del despacho 15 de Justicia y Paz de Medellín, expresó en la Audiencia Regional de familiares víctimas de desaparición forzada, que se realizó en Medellín la semana pasada, que una de las mayores dificultades en este sentido es que muchas veces los “desmovilizados no se postulan a la Ley, por lo cual es difícil encontrar pruebas que ayuden a hallar los cuerpos de desaparecidos”.
Según la Fiscalía, citada por Reiniciar, “las exhumaciones aportadas por los postulados a la Ley 975, sólo han brindado información para 883 procedimientos de exhumación y 872 en procedimientos de prospección, sin que se cuente con información detallada de la efectividad de la información suministrada al Sistema de información de la dirección de Fiscalías de Justicia y Paz”.
Por su lado, Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, “las contribuciones respecto a la verdad han sido relativas, algunos han contribuido de manera importante, muchos han contribuido poco y otros no han contribuido, incluso algunos han hecho contribuciones negativas y revictimizadoras. En términos de justicia las contribuciones en general también son muy débiles, hay quienes no han tenido una actitud coherente con los compromisos del mismo proceso y las condenas han sido absolutamente exiguas”.
Bienes para reparación
La Ley de Justicia y Paz también establece la reparación como una de las contribuciones que deben hacer los postulados, mediante elementos como restitución e indemnización. De acuerdo con Fagua, el Fondo de reparación para las víctimas reporta un total de 8.222 millones de pesos entregados por los postulados, materializados en “bienes inmuebles y bienes muebles representados en helicópteros, lanchas, semovientes, abarrotes, televisores de 150.000 pesos y ropa usada”.
Sólo el “6.8 % de los más de 54.000 millones de pesos” que se les ha pagado a las víctimas acogidas por Justicia y Paz, provienen de recursos de los victimarios y aliados de estos. Frente a este tema, Villarraga afirma que “casi la totalidad de postulados no ha contribuido con la entrega, al fondo, de bienes adquiridos ilícitamente. Hay paramilitares que han sido narcotraficantes y tenían grandes capitales, pero predomina la no entrega de esos bienes, habrá matices y algunos excombatientes que no tenían grandes bienes, pero se debe revisar”.
Según Reiniciar, quienes han solicitado la libertad condicional son los que “menos bienes han aportado al fondo de reparación. Por ejemplo, el bloque del Suroeste antioqueño, que en el año 2002 se vinculó al Bloque Elmer Cárdenas ha aportado al Fondo de Reparaciones apenas un 5 %, es decir, una monetización que asciende a los 390 millones de pesos”.
Villarraga considera que se debe hacer una seria revisión de cada caso, para saber si merece o no obtener la libertad, de modo que no haya impunidad. “Gracias a la Corte Constitucional, la Ley 975 establece que si se revelan violaciones a los derechos humanos y graves delitos cometidos que hayan sido ocultados, se pierden la totalidad de los beneficios y no podría actuar la pena alternativa sino la ordinaria”.
Eficacia de la Ley
Una de las mayores falencias que ha tenido la Ley de Justicia y Paz es que de todos los paramilitares desmovilizados, sólo se postularon alrededor de 4.000, de los cuales casi la mitad está prófuga de la justicia, no se presentó o no atendió los compromisos del proceso.
Para Villarraga esta es una ley compleja, que “nació con una clara predominancia de impunidad en su aplicación, incluso tiene una retórica en pro de los derechos de las víctimas, pero no tiene instrumentos viables para hacerlos efectivos, no obstante, la sentencia de revisión de la Corte Constitucional llevó a que le fueran introducidas varias rectificaciones que exigieron compromisos”.
Fagua considera que “la Fiscalía debe tener una mayor celeridad en las investigaciones, tener una visión más crítica sobre las exclusiones de paramilitares que se han burlado de la Ley 975 y han revictimizado a las personas y un plan real de contingencia que vincule a las víctimas, sus defensores, los fiscales, los jueces y a los postulados”.
Asimismo, manifiesta que el Estado debe pensar en la “reacción que van a tener las víctimas, cuando se encuentren frente a frente con alguno de sus victimarios, una vez estos regresen a las zonas donde delinquieron”.
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