Los últimos acontecimientos han puesto la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (NNA) en muchos sectores sociales y se ha visto el afán de algunos gobiernos locales y departamentales por acabar con esta práctica. Tan sólo hace dos semanas, catorce menores de edad víctimas de este delito fueron rescatadas en Medellín, durante un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Administración Municipal.
Sin embargo, siempre queda la pregunta por lo que sucede con los adultos implicados y los establecimientos donde se cometen estas violaciones contra los derechos de la niñez.
Según Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, a estos lugares “ingresamos las secretarías de Salud y de Gobierno, identificamos sitios que pueden estar siendo usados para este delito y se toman medidas administrativas relacionadas con sellamiento por condiciones sanitarias u otros incumplimientos, por eso es que el hotel se abre de nuevo en pocos días”.
Para Wilson Martínez, ex vicefiscal General de la Nación, en la actualidad es posible aplicar esta medida, en tanto que “la nueva Ley de extinción de dominio (Ley 1708), entró a regir el 24 de julio del 2014. La ley anterior decía que la extinción existía sólo para algunos delitos y no estaba, por ejemplo, el tráfico sexual, la trata de personas o la explotación sexual de NNA. Una de las principales modificaciones es que la 1708 permite aplicar la medida para cualquier delito”.
Para Suárez, en el momento en que se toma la decisión de actuar con mayor fuerza, esta ley se convierte “en una joya, porque da todas las herramientas, define las competencias y los elementos para iniciar la extinción de dominio”.
Pero, ¿qué es la extinción de dominio? Según Martínez, es una decisión, “mediante la cual un juez establece que un bien, de origen ilegal o destinado para alguna actividad ilícita, pasa a ser propiedad del Estado, sin contraprestación ni indemnización alguna al dueño”. Y es que, aunque en esta medida se parte de la buena fe del dueño, este tiene que demostrar que tomó todas las medidas necesarias para que en su establecimiento no se llevara a cabo ninguna actividad ilícita.
Respecto a este punto, Iván Felipe Muñoz, secretario técnico de la Mesa intersectorial para la prevención y atención de la explotación sexual comercial de NNA, de Medellín, expresa que hay varias medidas que se podrían implementar para evitar que bares, hoteles y otros establecimientos sean escenario de este delito. Por ejemplo, “hacer control y vigilancia constante, para verificar que no se permita el ingreso de menores de edad; usar cámaras de seguridad y trabajar por la identificación de los proxenetas”.
Entre tanto, Martínez cree que la aplicación de la ley sólo es posible con la coordinación y articulación interinstitucional, en tanto que “para que se dé la extinción, se tienen que poner de acuerdo la Policía, la Sijín y la Fiscalía, tanto desde sus áreas penales, como desde las encargadas de la extinción de dominio”, porque ambos son procesos diferentes.
Suárez explica que la Alcaldía ha conformado un equipo para trabajar en el tema, que está conformado por el Icbf, varias secretarías, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Sijín, “de modo que trabajemos articuladamente y ya estamos priorizando los casos que queremos intervenir y apostándole también a las campañas para la prevención”.
Por su lado, Muñoz considera que además de la extinción de dominio y las medidas de control, es necesario apostarle a las campañas de prevención, de modo que “se genere sanción social, algo que en este momento está muy débil frente a este delito” y que podría incentivar elementos como el rechazo y la denuncia.
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