El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó un derecho de petición al ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, para que explique cuáles son las medidas de choque previstas para mitigar una posible crisis o colapso en la prestación de los servicios de salud en todo el país.
En el recurso, Otálora solicita al jefe de esa cartera que precise cuáles son las medidas de fondo que se incluyeron en el proyecto de ley de reforma a la salud, que hace su trámite en el Congreso y está para tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Esto debido a la preocupación que los recientes reportes entregados a la Defensoría del Pueblo por la Secretaría de Salud de Bogotá, en los que se dice que en los próximos días es inminente el cierre de los hospitales Simón Bolívar, El Tunal, Santa Clara, La Victoria y Kennedy, todos de tercer nivel de complejidad; lo mismo que los de Engativá, Suba, y Meissen, de segundo Nivel.
Según Otálora, lo que se busca es terminar con la deuda de más de 12 billones de pesos que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, tienen con 5.524 hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados.
De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, al Congreso de la República, el 36% de los hospitales públicos de primer, segundo y tercer nivel de complejidad están en este momento en alto riesgo de ser declarados inviables.
Según las estadísticas, hasta agosto la deuda a 964 IPS, representaba 4,1 billones de pesos y, además, un total de 4.560 IPS privadas contaban con una cartera vencida de 8,7 billones de pesos.
Hay reportes que advierten sobre la negativa de varias IPS de recibir pacientes de EPS por esta mora.
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